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Más de 100 evasores irán a la cárcel por delitos tributarios y aduaneros

Más de 100 personas fueron sentenciadas por delitos tributarios y aduaneros, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La mayor incidencia de sentenciados se ha dado en Lima, Arequipa, Puno y en El Callao.

Los delitos tipificados y objeto de sanción fueron evasión de impuestos internos, defraudación de rentas de aduanas, entre otras modalidades que afectaron al fisco y los negocios en Perú que cumplen con el pago de sus impuestos, destacó la Sunat.

Las sentencias van desde penas efectivas de 5 y 8 años de cárcel. Todo empresario peruano y extranjero debe atender de forma exhaustiva su administración, contar con un servicio contable profesional y apegarse al marco jurídico.

De lo contrario, debe saber que la Sunat mantiene una política de fiscalización y control, que permite obtener pruebas suficientes para formalizar las denuncias por delitos tributarios y aduaneros, los cuales de ser comprobados conllevan un proceso judicial.

 

Evasores y modus operandi

Durante 2020 la modalidad de delito tributario más común, entre los sentenciados, ha sido la obtención indebida de crédito fiscal mediante el uso de facturas falsas o clonadas para justificar actividades comerciales que nunca se efectuaron.

La experticia contable permitió a la Sunat verificar que en esos casos, el Impuesto General a las Ventas (IGV) registrado en la factura falsa o clonada fue utilizado como crédito fiscal con la finalidad de evadir o reducir la cancelación de este impuesto.

Igualmente, el total facturado fue deducido fraudulentamente como gasto para efectos del Impuesto a la Renta (IR).

Con este tipo de operaciones fraudulentas, los sentenciados no solo evadieron el pago tributario, sino que ejercieron competencia desleal con los dueños de negocios que sí cumplieron con pagar sus tributos y contribuyen a la recuperación de la economía.

Los principales delitos cometidos en el área aduanera fueron contrabando, tráfico de mercancías prohibidas o restringidas, así como la defraudación de rentas de aduana, es decir, el no pago o la cancelación reducida de tributos por el ingreso de las mercancías que importaron al país.

La Sunat informó que mantiene las acciones de fiscalización y la acción de la Procuraduría Pública.

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